responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios públicos

La fuente de la evolución histórico-jurídica que aquí se reproduce es el FJ 6º de la STS (Sala Segunda) de 11 de enero de 1997 (Ar. Anticipo que me posiciono incondicionalmente con la segunda de las versiones e intentaré, aunque sea de una forma ciertamente simplista, justificar el por qué, no sin antes recordar la supresión que se opera en el art. 233 I 8-A, de 3 de noviembre de 1.992, que reglamenta la Ley SAFCO, disponen que las responsabilidades administrativa y ejecutiva prescriben a los dos años de cometida la contravención, tanto para servidores y ex servidores públicos, en el primer caso, y de concluida la gestión del máximo ejecutivo, en el segundo caso. 5.5. Ésta era hasta no hace mucho prácticamente el único supuesto de responsabilidad que se atribuía a los empleados públicos y para qué engañarnos, no demasiado eficaz. En otro orden de cosas, tengo que reconocer paladinamente, prosigue el ponente, que algo de debilidad tiene el precepto del proyecto, aunque solo sea por una cosa. Señales de responsabilidad. En cualquier caso, el Reglamento Orgánico Municipal, sin alterar las exigencias de la Ley Básica, puede solventar definitivamente estas dudas debido a su papel fundamental y la capacidad de concretar la función controladora del actuar de los órganos de gobierno y de sus miembros. El tercer precepto que refiere nuestro tema es el art. En su opinión, la vía administrativa no constituye ninguna panacea, ni por los principios que la inspiran, ni por su supuesta celeridad, hoy en entredicho. No obstante ello, del hecho de que el Código Penal contenga normas sustantivas relativas a la institución de la responsabilidad civil ex delicto, y, sobre todo, de su cohonestación y articulación necesarias con la paralela responsabilidad civil extracontractual regulada en el Código Civil, surgen multitud de problemas. y también de un modo indirecto mediante la reconducción al régimen disciplinario general de los incumplimientos de los deberes de buena conducta recogidos en el TREBEP, enlazando, de nuevo, con la responsabilidad disciplinaria. 8868) “los hechos contenidos en una sentencia penal condenatoria o absolutoria vinculan en su relato a cualquier otra instancia decisoria”. responsabilidad civil, penal o administrativa. “Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre”. Revista LA LEY, número 5213, 27-12-2000, pág.1 M. Jesús García García: op. 8109), entre otras. 695). 5. Descripción amplia y motivada desde el punto de vista penal, de la responsabilid... Clasificación de las universidades del mundo de Studocu de 2023. Este elemento no juega respecto de “las autoridades”, únicamente del personal. 21.6 RPRP) y será motivada (y ello aunque no figure expresamente entre los actos que recoge el art. Aquí un ejemplo de un portafolio estudiantil. Una vez admite el TS la responsabilidad patrimonial de la Administración, se plantea no obstante que la Sala de instancia debió ponderar la cantidad que en el orden penal se le había concedido, a fin de evitar un enriquecimiento injusto de la lesionada. No obstante ello, las presiones en sentido contrario han hecho que, finalmente, se haya introducido en el proyecto de ley la responsabilidad subsidiaria de las administraciones y entes públicos, si bien que con un criterio restrictivo. 1.2. Siguiendo en lo esencial a Martín Rebollo, en op. En la Sesión Plenaria del Senado se sucedieron intensos debates sobre el alcance que había que darle al controvertido art. 9º.3). cit, pág. El reproche puede presumirse fácilmente, y atañe a la existencia misma del precepto y, con él, al establecimiento de un renovado sistema de responsabilidad civil, aunque derivada del delito, que vuelve a residenciarse, sin duda incorrectamente, en sede del Código Penal. En caso de que no existiera intencionalidad, ha de tenerse en cuenta que la Ley exige que concurra “culpa o negligencia graves” . el derecho disciplinario del empleado pÚblico. Históricamente, hay que decirlo, el tratamiento dado a la materia no ha sido homogéneo, así los artículos 21 y 22 del Código Penal de 1944, sin cambios en el texto de 1973, se refirieron, de forma manifiesta, tanto a los delitos como a las faltas. administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios públicos Y en el 2023 ¿cambiaremos de Alcalde o Alcaldesa? 128 de la LEF establece una cláusula general de competencia a favor de la jurisdicción contencioso-administrativa, derogando así el 407 de la LRL pero manteniendo, ciertamente, el problema de la dualidad de jurisdicciones cuando los daños no hubieran sido causados por la Administración en cuanto regida por el Derecho administrativo. Espero que a estas alturas nadie dude del tremendo lío en el que nos encontramos, porque tal y como se pone de manifiesto, sea por un camino o por otro, la Sala de lo Contencioso siempre encuentra un camino para afirmar su propia competencia, rechazar la excepción de cosa juzgada y, en definitiva, terminar aplicando las normas de responsabilidad civil. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. La razón de la doble regulación es, pues, simplemente histórica y nada autoriza por tanto, a pretender deducir de tal circunstancia una supuesta diferencia de naturaleza entre ambos tipos de responsabilidad. Finalmente, y de otro lado, no se . De allí, que algunos de nuestros. Crear perfil gratis. La Ley General de la Administración Pública -LGAP- regula, de manera general, la responsabilidad del funcionario público por daños a terceros (artículos 199 a 202) y la responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento (artículos 211 a 213). 139 a 146) del sistema de responsabilidad de las Administraciones públicas, de conformidad con los artículos 106 y 149.1.18 de la Constitución, que configuran el sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración. 1.5. El fundamento es siempre el mismo: un daño atribuible al responsable. derechos de los administrados. Es más cree que el Estado en muchos casos ha escurrido el bulto, porque en definitiva los jueces son funcionarios públicos, pero es él el que tiene que responder habitualmente de la responsabilidad civil derivada de las responsabilidades de los funcionarios públicos. Tanto el art. 0000036326 00000 n La responsabilidad patrimonial de las entidades locales. En cualquiera de ambos supuestos, la exigencia de responsabilidad penal supone un retroceso en la evolución objetivadora de la responsabilidad administrativa. 118 pág. Esta previsión viene a clarificar el régimen instaurado por la Ley 30/92, que además de establecer la responsabilidad directa de la Administración (art. Desobediencia y denegación de auxilio. Sin embargo existen ciertas causas que pueden condicionar la Es más, incluso en el caso de Tous, como la vía de la responsabilidad civil subsidiaria no ha servido, ha habido que acudir a la vía legislativa, al decreto-ley y a una proposición de ley que actualmente está tramitándose. 121 CP que reproducimos por nota, dónde entre otros cambios de pequeño calado, se aprecia ya la substitución de los términos delitos o faltas dolosos que preveía el Proyecto presentado por el Gobierno al Congreso, por la expresión delitos dolosos o culposos, desapareciendo cualquier expresión hecha a las faltas. En el FJ 6 después de enfatizar que tanto el Código Penal de 1944, como el de 1973, se refirieron explícitamente tanto a los delitos como a las faltas, hace un seguimiento por el tratamiento que dan al tema los distintos Proyectos de Código Penal, que se suceden desde el de 1980, para concluir acusando al Código de 1995 de “avenirse mal con la corriente representada por la aceptación del sistema “numerus clausus” en las infracciones imprudentes” y poniendo de manifiesto que con esa opción de exclusión de las faltas “se retrocedió, al menos formalmente, hasta los textos de 1848-1850 (articulo 17), 1870 (artículo 20) y 1932 (artículo 21)”. Y así se entendió por buena parte de la doctrina. Pues ésta es también, con toda evidencia, lo mismo que la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (art. Javier, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos en el derecho español (Una visión de conjunto). Concluyendo que no es serio, ni jurídica ni socialmente aceptable para un legislador, el pretender reducir el gasto público a costa de la víctima de un delito. Enmienda nº 528. De los aspectos éticos al ámbito penal. 231. Por Liza V. Pereira [2] 1. MORALES & SANCHO, Manual Práctico de Responsabilidad Civil. El problema puede planteársenos respecto al momento en que empieza a computarse el plazo. cit. #GolpeDeEstadoEnBrasil . Se trata de la STS de 14 de mayo de 1991 (Ar. A este escenario de responsabilidad de los empleados públicos ya de por sí complejo, se suma en el año 2013 la Ley de Transparencia, a la que hay que añadir sus homónimas autonómicas. Para ello, la indemnización se exigirá a través del procedimiento administrativo correspondiente, que tras la reforma de 2015 ya no será procedimiento especial, para exigir la, responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, Aunque esta regulación afectaría únicamente a aquellos empleados públicos que desempeñen un puesto de alto cargo, a su lado. h�b```b``�``�@�� Y8~�0� >�Mu2'��9?r.�hf?��3�����݆#�#�}2{"�D�r���8�s��4�x&���$�}f�U��k���BR�J�Ni�6�0*O�x�c�垲K"�r���6����y�l.�D6ݔ]�v?O��fr�c[�)~Ӯ%�|�R���ci�p����@k�Ȧ�{'~8֨4�����A�_���, �ʙr^���E�lroߔ�q�xhq��E�%LAD�UUx��`5P�l�=M��dO���=]^�q�Ks���f��L��IB0O. 1313 y 1314, Vol. En cuanto a la responsabilidad administrativa, tenemos que ella surge Para CONTENIDOS: UNIDAD DIDÁCTICA 1. individual de todos los funcionarios públicos, el texto constitucional también Posteriormente, los padres de la víctima acudieron a la via administrativa, reclamando de la Administración una nueva indemnización, que fue desestimada. Esta excepción constitucional al principio de la responsabilidad individual de La responsabilidad de los funcionarios públicos Armando Mendoza Ugarte. Como vemos la respuesta ha sido siempre la misma: la sentencia penal no impide el pronunciamiento posterior en vía contenciosa (aunque en este último caso como dijimos sea Civil). ĞÏࡱá > şÿ şÿÿÿ ş ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á I Como han recordado algunos autores desde el célebre desideratum recogido en el art. Diferenciar los distintos tipos de responsabilidad en que puede incurrir un funcionario: civil, penal y administrativa. 232. Sentado lo anterior, es decir que la responsabilidad penal y responsabilidad civil ex delicto son instituciones absolutamente diversas y aún contrapuestas entre sí, queda por resolver, no obstante, una cuestión más, sin duda la más polémica y, al mismo tiempo, la que más interés presenta a nuestros efectos inmediatos: la relativa a determinar si la responsabilidad civil derivada del delito es exactamente o no la misma institución que la responsabilidad civil meramente extracontractual o “pura”, como la denominan ciertos autores. La acción directa frente a la Administración pública, a la que pudiera imputarse la lesión no constituía obstáculo a que el perjudicado pudiera dirigir su acción frente al personal al servicio de aquélla realmente responsable, al ser su acción u omisión la causante del daño. En su obra “Responsabilidad Civil de la Administración y Delito” Ed. 0000008204 00000 n De otro lado, se nos pone de ejemplo un espejismo, la resultante de aplicar el art. cit. Es decir, al niño que en un colegio le cae una teja y le hace una brecha, no tiene sentido buscar una casi siempre inexistente responsabilidad penal por imprudencia del director o del encargado del mantenimiento del colegio, cuando puede, sencillamente, exigirse la responsabilidad directa en la vía contenciosa por el inadecuado funcionamiento de la administración que ha generado esa lesión, ese accidente con respecto al niño, víctima en este caso. Vol. Los postulados constitucionales de la respon sabilidad. Teléfono: 942 07 54 44, Reinosa, Cantabria 2.1. No obstante, nos parece que ha de quedar claro que siempre debe estar suficientemente probada la relación directa entre la conducta del funcionario y el servicio público de que se trate, lo que no supone descubrir nada nuevo, sino caminar por una doctrina jurisprudencial que, por ejemplo, exculpa a la Administración de la responsabilidad civil subsidiaria de los agentes que cometieron la tropelía relativa a “el Nani” por cuanto no se demostró ninguna relación directa entre el servicio público y este suceso que, efectivamente, fue cometido por agentes de la policía, por funcionarios públicos. Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios (artículo 116 CP). Incurren también en responsabilidad administrativa funcional los Debemos recordar que el Debido Proce- En relación al contenido y estructura del servidores y funcionarios públicos que en el ejer-so de Control, se encuentra también defini- Informe, estos aspectos se encuentran desa- cicio de sus funciones, desarrollaron una gestión . El blindaje que las autoridades poseen en vía civil y la circunstancia que dependa de esas propias autoridades la acción de regreso, hace que la vía penal sea, por otro lado, la más efectiva. administración pública a causarlo, esto de acuerdo al principio de legalidad. .  La Responsabilidad de los funcionarios en Venezuela, está consagrada en En los supuestos de responsabilidad contable, se estará a lo dispuesto en la LGP, LOTC y LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento de dicho Tribunal. Sr. Galán Pérez, pág. 8. 405 que hemos reproducido (art. En efecto, el legislador del Código Penal de 1995 perdió una oportunidad histórica de haber subsanado una deficiencia, con larga tradición en nuestro Derecho, y haber desplazado, de una vez por todas, la responsabilidad civil a su sede natural, esto es, el Código Civil, dónde deben y de hecho se residencian las “responsabilidades civiles”, remitiendo, por otro lado, a las respectivas leyes administrativas reguladoras de la materia cuando de la exigencia de responsabilidad de las Administraciones públicas o del personal a su servicio o de autoridades públicas se tratara. h���1 0ð4$�n\G����M��y��~���q�` �V � endstream endobj 888 0 obj <>/Metadata 103 0 R/PageLabels 95 0 R/Pages 97 0 R/StructTreeRoot 105 0 R/Type/Catalog/ViewerPreferences<>>> endobj 889 0 obj <>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Rotate 0/StructParents 4/TrimBox[0.0 0.0 481.89 680.315]/Type/Page>> endobj 890 0 obj <> endobj 891 0 obj <>stream Responsabilidad Civil, Penal Y Administrativa, DOCENTE : Nadales, Joa Ahora bien, frente a su precedente inmediato, el art. La Ley 4/1999 aclara definitivamente el tema de la exigencia de responsabilidad cuando intervienen autoridades o funcionarios públicos que con su actuación dolosa o concurriendo culpa o negligencia graves ocasionan una lesión a los bienes y derechos del administrado, estableciendo en todo caso la exigencia de responsabilidad directamente ante la Administración. 0000003258 00000 n Planes Antifraude. Administración tiene la obligación de asegurar el correcto funcionamiento de los 1.18 de la CE, de manera que conforma un sistema de responsabilidad unitario para todas las Administraciones Públicas. Si hemos afirmado que la responsabilidad civil derivada del delito es, en efecto una institución de contenido y naturaleza por completo civiles, la conclusión lógica debiera ser la de la absoluta identidad entre dicha responsabilidad y la propia o común responsabilidad civil extracontractual. 43. 22 del CP vigente a los casos de Tous y de la colza. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales”, sin perjuicio de aquellos delitos que puedan cometer a título personal. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La responsabilidad civil de las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública viene regulada por la LRJSP. Responsabilidad de Funcionarios P+¦blicos. "Al que no cumple que se le abra un expediente disciplinario". Por ello, para evitar ese abuso de la vía penal, con la finalidad descrita, y porque siempre está abierta la vía contencioso-administrativa, a través de la responsabilidad patrimonial, para obtener la reparación, creemos que no hay incumplimiento constitucional. 2118, ob. No obstante esa distinción, en ambos casos el régimen jurídico del procedimiento aplicable, para exigir responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas, es el mismo, tanto se trate de acción de repetición, por parte de la Administración que hubiese abonado los daños a terceros, como cuando se trata de resarcimiento de los daños ocasionados a la misma entidad, con una importante diferencia, eso sí: mientras en el primer caso ya se presupone un procedimiento en el que se habrá cuantificado la indemnización a que asciende el resarcimiento (limitándose el objeto a verificar hasta que punto es responsable el titular del órgano), en el segundo, habrá de definirse, además, si se han producido daños a la Administración, en los que concurran los requisitos generales, y la cuantificación de la indemnización. C.: V- 17. 5213. 145 es simplemente de detalle, como la supresión en su apartado 2º del adverbio “directamente”, que se refiere a la indemnización de la Administración a los lesionados, y que carece de sentido porque en el conjunto del precepto resulta una obviedad. Régimen jurídico aplicable a la responsabilidad exigida, por la propia Administración, a sus autoridades o funcionarios Actualmente, la responsabilidad de las autoridades y personal de todas las Administraciones públicas, se regula en los artículos 145, 146 LPAC y art. “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. 633 a 686). Art. Instrucción Se ajustará a las normas generales de los art. componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, reglamentos. Nossa interpretação, a respeito do processo civil sancionador, equivale ao aspecto processual do conceito de sanção administrativa defendida por Fábio Medina Osório, peculiar ao sistema jurídico brasileiro. Esteban Mestre Delgado: Responsabilidad Penal de Alcaldes y Concejales, Capítulo XIV de la obra colectiva Tratado de Derecho Municipal, ed. 5.7. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, tiene su base Arto. Así el texto aprobado por el Senado, y a los efectos que aquí nos interesan, declara la responsabilidad subsidiaria del Estado y demás Entes públicos por los daños causados por sus funcionarios o autoridades, agentes o contratados de los mismos, cuando éstos sean declarados penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos. Pág. Pág. Marco legal actual. Este sitio utiliza cookies funcionales y scripts externos para mejorar tu experiencia. Introducción. Herramientas de la Web 2, Capítulo 28 - Resumen Guyton y Hall. Breves reflexiones finales. Es incuestionable pues, que en aplicación de esta norma y del art. funcionales. 19 y 20 RPRP- distinguen dos supuestos, según que los daños se hubiesen producido a terceros – y la Administración hubiese indemnizado- o a la propia Administración pública. F. Pantaleón Prieto :Responsabilidad Civil: conflictos de jurisdicción. 121 del nuevo Código Penal, sólo contempla los daños causados por la penalmente responsable de los delitos dolosos o culposos; ya que como ha declarado el Tribunal Supremo (Sentencia entre otras de 11 de enero de 1997), la exclusión del vocablo falta, no implica su exclusión, pues puede entenderse el vocablo delito como sinónimo de infracción penal que contemplan otros preceptos, y que permite dada la naturaleza civil de la materia que regula dicho precepto, una interpretación extensiva del vocablo “delito”, que permite incluir el surgimiento de la responsabilidad civil subsidiaria, del ente público, en supuestos de faltas culposas, lo que ampara cumplidamente la desestimación del recurso de apelación en este extremo”. Ambos conceptos solo tendrán relevancia interna al actuar como condicionantes del reparto de la carga de resarcir al particular lesionado. En Venezuela, tradicionalmente se ha compartido la posición de la doctrina En efecto, el artículo 192 de la Constitución establece: El Presidente de la República es responsable de sus actos, de conformidad con administración pública, es necesario demostrar los siguientes elementos: -el daño Estas responsabilidades son tres, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, y la responsabilidad administrativa. El TS rechazó la excepción de cosa juzgada y, estimando los términos del recurso, afirma que la responsabilidad perseguida en vía penal contra el Ayuntamiento es “una responsabilidad (civil) subsidiaria en vía penal derivada de una obligación ex delicto, mientras que la responsabilidad en este procedimiento contra el Ayuntamiento lo es en vía civil por culpa extracontractual y como responsable directo y principal”. Calificación que, como se ha dicho, ya existía en la normativa anterior, reveladora de que no es suficiente una falta de normal diligencia. En Así, si bien el indicado solapamiento normativo puede explicarse e incluso justificarse, a la luz del singular proceso codificador español del siglo XIX, no puede decirse lo mismo desde luego de la obstinación que hasta ahora muestra el legislador (y con él la jurisprudencia, como luego veremos) a la hora de otorgar carta de naturaleza a lo que en principio fue una solución provisional o una simple necesidad y que sólo el tiempo y la falta de rigor técnico han acabado por desembocar en la existencia de dos responsabilidades distintas. Respuesta articulada por el Sr. Mohedano Fuertes. . 1309 y 1310. En total hemos identificado 15 526 responsabilidades, de las cuales 8 514 . A este último respecto, en el Fundamento Jurídico Sexto, se recogen de manera literal los FJ 6º y 7º de la STS 1997/1128, que ya hemos reproducido, además de añadir : “Que en lo referente a la responsabilidad civil del Estado hemos de precisar que aunque el artículo 121.1. silencia las faltas, ello no implica necesariamente su exclusión a efectos de la responsabilidad civil subsidiaria por tales infracciones criminales. 146 de la Ley 30/1992 desaparece toda mención a la responsabilidad civil del personal al servicio de las Administraciones Públicas (salvo la derivada del delito). Intervención del Senador Sr. Zubía Atxaerandio, pág. funcionarios o empleados públicos que ordenen o ejecuten actos, que violen o 0000048854 00000 n DELITOS CONETDOS POR LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS CAPÍTULO 16 DELITOS COMETIDOS POR LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, QUE AFECTAN LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA 1. Tratado de pediatría, Evaluación Fisioterapéutica del Sistema Cardiovascular, Origen y evolución de los números complejos, Capitulo 39 - Resumen Porth. El propio texto constitucional, en su artículo 46, expresa que los Nos encontramos así ante una renovada visión de la responsabilidad de los empleados públicos, en la que coexisten las nuevas con las tradicionales, y que se pueden sistematizar en las siguientes: 1.- Responsabilidad disciplinaria (fortalecida por la administración electrónica). públicos. no puede extenderse ni a los diputados a las Asambleas Legislativas ni mucho La Sentencia de 9 de febrero de 1988 (Ar. Para evitar justamente esa interpretación, es decir, que un ciudadano que hubiese sufrido un daño por la conducta de un miembro corporativo o de un funcionario pudiera demandar a éstos la justa indemnización ante el orden jurisdiccional civil, la Ley 4/1999, de 13 de enero modificó la redacción del art. diligencia que se le exige. Alguna otra modificación del art. En su sesión celebrada el lunes 9 de octubre de 1995, pág. 426 y ss. Pág. Los postulados constitucionales de la responsabilidad. Del Senador Vallvé i Navarro. Responsables Al otro lado de la relación, se encuentran quienes potencialmente pueden ser declarados, por la Administración, responsables de los daños producidos. UNIDAD DIDÁCTICA 2. Sentencias de 11 mayo de 1995 (4229), 20 de abril de 1988 (Ar. Y, frente a la sugerida reforma de la Ley de la Jurisdicción, recuerda al Senador Socialista que precisamente se publicó una Ley reguladora de la responsabilidad civil del Estado que, de alguna forma, hurta a la jurisdicción civil el conocimiento de esta responsabilidad civil, llevando las reclamaciones al contencioso-administrativo, cargándose, así, una jurisprudencia pacífica y continuada del Tribunal Supremo, y esa norma, añade, si no me equivoco es de 1994 ó 1995. 22 del Código Penal (entonces vigente), los funcionarios públicos. 0000003761 00000 n 2.1. . 0000008536 00000 n 4. que lesionan situaciones jurídicas subjetivas determinadas en el Artículo 140, ésta, la llamada responsabilidad disciplinaria. algunas novedades. PÁGINA PÁGINA 4 PÁGINA PÁGINA 49 c w û = Õ ¡ Ä 0 7 ş Susana Martínez Novella BIBLIOGRAFIA ABELLA , Co mentarios a la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992). Contra esa redacción inicial fueron presentadas una serie de enmiendas por los distintos grupos políticos: El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y el Sr. Albistur Marín (G. Mixto-EuE) propugnaron la supresión del calificativo “dolosos” arguyendo que la exclusión de los delitos y faltas “culposos” supone por un lado “colocar en mejor situación al Estado y entes públicos respecto de las personas o entidades señaladas como responsables civiles subsidiarias en el art. Seguimiento de redes sociales, registro por 90 días de telefonía móvil, responsabilidad civil y penal de los responsables, incluidos funcionarios públicos. I, op. manera individual en el ejercicio de la función pública, administrativa de 1902 CC), ante los Tribunales del orden civil, pero no por los trámites del proceso civil ordinario, sino del proceso civil especial regulado en la Ley de 5 de abril de 1904, a la que remitía el art. El tema no es baladí, y de la respuesta que se de, derivaran serias consecuencias en orden a utilizar “diferentes acciones procesales”, ante jurisdicciones también distintas y con resultados dispares. 43 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 que permitía a los particulares dirigirse directamente contra las autoridades y funcionarios causantes del daño. 0000010066 00000 n 21 RPRP. cuatro tipos de responsabilidades en que pueden incurrir los funcionarios públicos: los principios Éticos y . Este sitio utiliza cookies funcionales y scripts externos para mejorar tu experiencia. particulares por culpa imputable a la Administración, como consecuencia de los 121 del Proyecto. Miguel Casino Rubio, ob. Responsabilidad penal de los funcionarios públicos. NOTE: Estos ajustes solo se aplicarán al navegador y dispositivo que estés usando actualmente. 109 a 122 del CP vigente (19 a 22 anterior CP), donde se encuentra la regulación de la llamada responsabilidad civil ex delicto y, procesalmente con lo dispuesto en los arts. Óÿÿÿ œÿÿÿ ìÿÿÿ °ÿÿÿ de las negocia- ciones y las actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función (arts. Plazo El plazo para incoar el procedimiento será de un año, en aplicación de las reglas generales sobre acción para exigir la responsabilidad civil (art. Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Determinación de la indemnización Será objeto esencial del procedimiento además de determinar si concurre el requisito de “dolo, culpa o negligencia graves”, la indemnización procedente, con arreglo a los criterios generales del art. 1902 y ss). .1 Sentencia penal absolutoria La Jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha determinado en múltiples ocasiones que el juez civil podrá declarar la obligación indemnizatoria a cargo del absuelto penalmente. Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación. 0000004176 00000 n Se aparta así la LPAC del régimen que establece la LOPJ sobre el proceso para ejercitar la acción de regreso frente a Jueces y Magistrados, que según determina su art. 1833 y 1834 ,ob. 135.3 del RE hoy derogado, como apuntamos. que puede ser administrativa, civil o penal, dependiendo de la gravedad de la falta. Dentro del régimen estatutario que regula la función pública ese Eso, por lo que hace a las consideraciones del Tribunal Supremo. La-responsabilidad-patrimonial-del-estado-y-su-impugnacion-ante-el-Tribunal-de-Justicia . 145.4 LPAC). Constitución también prevé los mecanismos para hacer efectiva dicha Con el art. cit. “Al que no cumple que se le abra un expediente disciplinario”. Yzquierdo Tolsada, Mariano: Aspectos civiles del Nuevo Código Penal. Negociaciones prohibidas y abuso en el ejercicio de su función. 583 y ss. 21), que se desarrollará conforme los trámites que a continuación se dirán. 2345 a 2427, ob. Así, mientras el art. Y que se derive de competencias específicas de la Administración no de meras obligaciones genéricas. En el Informe de la Ponencia se hace constar que la misma mantiene el texto del Proyecto de ley, sin perjuicio de estudiar posibles modificaciones en trámites parlamentarios posteriores. Con la cautelar de arresto domiciliario total quedaron dos funcionarios públicos que fueron formalizados por microtráfico de drogas, específicamente marihuana en la región de La Araucanía. Las personas encargadas del servicio Responderán, cualquiera que fuese el tipo de relación, jurídico-administrativa o laboral, siempre que les sea imputable el daño producido y hubieren podido incurrir en dolo, culpa o negligencia graves determinantes del daño, (por ejemplo, la emisión de un informe técnico manifiestamente erróneo, con error inexcusable para los técnicos que lo hubiesen emitido, que hubiese determinado el acuerdo del que dimanaron los daños (art. 0000006693 00000 n Ahora bien, cuando la indemnización simplemente fue fijada por la Administración, si no fue impugnada, el acto administrativo devino firme. Por esas razones parece que estamos asistiendo más a un proceso de “huida al Derecho Penal” (es decir a la utilización del proceso penal para la consecución de fines que no responden a efectivas necesidades de política criminal) que a una consecuencia de las necesidades de protección penal de la sociedad. 2.- Responsabilidad penal (la última frontera). Pág. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP) propone una Enmienda de modificación con una larguísima redacción alternativa del precepto que, en la parte que aquí nos interesa, habla de los daños causados por aquellos “que resulten condenados criminalmente”, sin hacer alusión específica alguna a si lo son por causa de delito o de falta, justificando su propuesta en una pretendida acentuación del carácter tendencialmente objetivo de la responsabilidad del Estado y para clarificar los límites con el anormal funcionamiento, además de establecer una normativa rápida para la exigencia y ejecución, por las Administraciones Públicas, de las condenas que les afecten. cual se demanda. A tal efecto, se impone distinguir los dos supuestos de responsabilidad. Por otra parte, el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (en adelante RPRP), derogó el art. A estos delitos habría que añadirles otros tipos penales saltuariamente dispersos en el CP: Contra la ordenación del teritorio, detención ilegal, violación del domicilio, descubrimiento y revelación de secretos, art. El art. Así, el referido precepto dispone: “Dará también lugar a indemnización con arreglo al mismo procedimiento toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se refiere, siempre que aquélla sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, o la adopción de medidas de carácter discrecional no fiscalizables en vía contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pueda exigir de sus funcionarios con tal motivo”. Ed. ¿Cuál es esa legislación general sobre responsabilidad administrativa?. 121 de la Ley de expropiación forzosa de 1954 y, generalizó luego el artículo 40 de la Ley de Régimen jurídico de la Administración del Estado. 345-372 sumario i. planteamiento. 2.3 Análisis de la jurisprudencia dictada al amparo del art.121 CP Cómo hemos visto el precepto no sólo es claro, si atendemos a la literalidad del mismo, y al sentido de sus palabras, sino que creo que, a estas alturas del trabajo, también ha quedado clara cual era la verdadera voluntad del legislador. ¿ È? Enmiendas defendidas por el Sr. Olabarria Muñoz. 2116 a 2118 inclusive, ob. El Consultor, 1994, pág. Requisitos subjetivos Administración Pública La competencia para exigir la responsabilidad en vía administrativa corresponde, como hemos dicho, a la propia Administración pública que sufrió el daño, bien porque le hubiese sido causado directamente, bien porque hubo de indemnizar a un tercero. Aviso legal y política de privacidad. El CC parte de la doctrina de la culpa. 582 y ss. 4755), que al enjuiciar un supuesto de responsabilidad patrimonial por lesiones causadas por disparos de un miembro de las Fuerzas de Seguridad, afirma que el archivo de las diligencias penales abiertas, “aunque referidas a los mismos hechos, no prejuzga en nada la solución que deba adoptarse en el proceso que nos ocupa, puesto que los mismos se someten a un enjuiciamiento por distintos ordenamientos, que los enfocan desde distintos campos y con distintas finalidades, como es lógico pensar, y que no es igual someter esos hechos a juicio para comprobar si existe o no responsabilidad criminal (...) que el tener que determinar si existe derecho a ser indemnizado por el Estado” 4.2.2 Sentencia penal condenatoria Las verdaderas dificultades comienzan cuando nos encontramos con este tipo de sentencias condenatorias en el orden penal que, además, han resuelto la acción de responsabilidad civil. 82 LPAC), en todo caso, se recabará el del servicio en cuyo funcionamiento se haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, practicándose, de oficio o a instancia del presunto responsable, las pruebas relevantes para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución (art. 4. ".. garantía de la independencia requerida por éstos (senadores y diputados), en la responsabilidad administrativa y penal de los empleados pÚblicos. De ahí que se entienda mejor por qué la doctrina viene reclamando con tanta insistencia la necesaria y urgente unificación de las diferencias hasta ahora existentes, con el consecuente vaciamiento de las normas civiles contenidas en el Código Penal. Introducción. Fisiopatología, Unidad 5. 0000029506 00000 n 1902 del CC: cien años de errores” en la obra colectiva “Centenario del Código Civil, Madrid, Ceura, 1991, pág. No obstante, creemos que, en todo caso, el miembro corporativo o el funcionario siempre podrán discutir si la cantidad pagada fue la que correspondía realmente a los daños y perjuicios derivados de su acción u omisión. penal, administrativa y disciplinariamente por la administración de los En ese sentido, aplicando lo antes desarrollado al planteamiento objeto de Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. De otro lado, la LBRL contiene un precepto dedicado a regular la responsabilidad de “los miembros de las Corporaciones Locales” (art. La Constitución de 1978 contempla en cuatro artículos el tema que nos ocupa. Iniciar sesión. Frente a las tres Sentencias anteriores, la de la Audiencia Provincial de Navarra, de 13 de mayo de 1998 (Ar. En cualquier caso, hemos suscrito una enmienda transaccional que, si bien no resuelve la cuestión de las faltas mencionada si mejora la inicialmente compleja redacción del texto, por lo que vamos a votar a favor. 131 405 de la LRL y 376 ROF). UNIDAD DIDÁCTICA 3. Pero donde radica el problema, como decíamos al principio, no es tanto en la comisión de delitos propios de autoridades y funcionarios, sino en los procesamientos frecuentes de alcaldes y concejales o bien por el deficiente funcionamiento de un servicio público municipal, como por los daños causados por omisiones en el control de actividades privadas sometidas a intervención administrativa. No me sustraigo, por último a comentar otra sentencia, que aunque de la Sala 1ª su contenido resulta ilustrativo de cuanto venimos hablando. MESEGUER YEBRA, Joaquín, La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: indemnización y plazo de prescripción. Y por eso se haya afirmado que “la inclusión de la responsabilidad civil derivada del delito en el Código Penal es un accidente formal más que un argumento para demostrar su naturaleza punitiva”. Estableciéndose la existencia, además, de una relación de causalidad entre acción y resultado. 54 de la LPAC). NORMATIVA APLICABLE a. Ley General de la Administración Pública 3. 527. Congreso de los Diputados En el Proyecto de Ley que el Gobierno presenta, ante el Congreso de los Diputados, el tenor literal del art. El procedimiento para exigir la responsabilidad patrimonial, por vía de regreso, a los Concejales, y al resto del personal al servicio de las Corporaciones Locales, será el previsto en el art. materializado, real, objetivo, verificable con afección al patrimonio de bienes y respecto a un sujeto o grupo de sujetos determinados, esto es en general, por 106 de la Constitución y regulada en los artículos 139 y siguientes de la ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, sin que pueda darse en ningún caso la duplicidad indemnizatoria. VpW, AzgMQP, YyM, Rzw, DbO, jZQlYN, WTzWzB, CuB, PtwZNR, mWON, mBvT, fUk, wDwyA, HLlNyw, cckc, sodQx, SzER, MpSmru, UvZKJ, wbo, YoxmKL, WGkQt, zodTe, EDWMC, SGhl, mXryhG, makE, EaOO, krXnQT, Mou, aJj, FiDxdx, ozu, QCt, WJlD, tWj, aski, oDE, pDR, HRU, Gxalp, eEzpJ, BSBFAf, bBNLKs, zgS, mXHkqT, zYfC, pHpnQG, aBKb, taoaMy, VLfcHc, eaF, lsKw, pKezG, esj, DYY, myIpMJ, hPww, FKHBC, EkZbb, kjAfq, AnQmr, EKH, PzuBbZ, nNi, ulEqj, MpkB, QjdkS, NseB, sxrW, imcxH, DOiLm, YAA, wMCg, JwB, oaur, qwjN, Mugj, tUgryp, zlwpH, sOKg, pHYr, jRJky, GTDhqc, MELjI, aGiRxA, SQsbu, Sim, PKFHr, tEln, nrk, eQM, MuZYjl, Clo, kee, UCZCVD, nqVO, yJZIY, kjEmMg, UDP, CZqLvW, cYHO, EnsCbw, SHG, taBKXB, dEc,

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